El Grupo Uno no piensa quedarse de brazos cruzados ante la decisión del gobierno nacional de rechazar el pedido formulado por Voces Sociedad Anónima para que se autoricen las diversas cesiones producidas en esa sociedad, y cuya última composición significó el ingreso de las firmas Demarchelier Images Corp, controlada por Daniel Vila, y Cortinker Sociedad Anónima.

El multimedio  tiene previsto apelar el decreto presidencial firmado el 20 de julio por la presidenta Cristina Fernández y el jefe de Gabinete, publicado este lunes. Cuenta en principio con siete días para presentar un recurso en su carácter de licenciatario, aunque no descartan la posibilidad de pedir una prórroga de los plazos.

 

Fuentes del grupo Uno consignaron ayer que lo que caducó fue la transferencia de la concesión y no la licencia en sí misma. Tienen previsto presentar un escrito en el cual quedará ratificada la voluntad de transferencia de los empresarios a quienes perteneció Voces SA. de ese modo, aseguran, quedará todo ajustado a lo que pide la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.


A través de una solicitada  el multimedios  afirmó que la decisión administrativa no tiene fundamento legal, la cual es arbitraria y contraria al derecho. El grupo aseguró que seguirá ejerciendo el periodismo, sosteniendo que los medios de comunicación son esenciales para el sistema democrático.


Los empresarios involucrados son los dueños originales de  Voces SA, que se desprendieron hace casi dos décadas de sus tenencias. Se trata de Armín Reutemann, Antonio Cesaretti Monti, Francisco Ferioli y Jacobo Benoliel.  En el grupo Uno estiman que podrán llegar a un pronto acuerdo con estos cuatro empresarios, porque hace mucho tiempo que se retiraron del negocio y porque la situación económica y financiera de la radio deja mucho que desear.

 

Un par de datos más: si así no lo hicieran los empresarios se tendrían que alistar para hacerse cargo de LT8 en el plazo de una semana. Por otra parte, en la hipótesis que salgan a venderla ya regiría la nueva ley de medios, que les impediría transferir más allá del 50% de las tenencias. Consultado por punto biz, uno de los empresarios descartó bajo reserva de identidad toda posibilidad de volver a ese negocio. Fuentes gremiales dejaron entrever que ante una eventual situación de acefalía el gobierno podría intervenir LT8, hasta reasignarla a un nuevo licenciatario de acuerdo con los procedimientos establecidos en la flamante ley de medios.   


Ahora bien, dos de los viejos propietarios de Voces SA, Ferioli y Benoliel, vienen reclamando una deuda de u$s 200.000 a Orlando Vignatti por aquella operación celebrada en 2001, que está en juicio. La situación creada seguramente les reabrió la posibilidad de volver a reclamar ese dinero desde otro lugar, como paso previo a estampar la firma. Por lo pronto, el socio minoritario de La Capital tomó distancia de la controversia (ver aparte).

Algunos de los viejos socios tienen previsto reunirse hoy para obtener asesoramiento legal y definir cómo moverse de aquí en más.