¿Es viable el 82% móvil para las jubilaciones?
Por Rodrigo Benítez
En las últimas semanas el tema de llevar la jubilación mínima a un nivel equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil ha pasado a estar en el centro de la escena. La discusión hasta ahora ha sido meramente política, con la oposición buscando impulsar la idea y con el gobierno advirtiendo sobre la eventual inviabilidad de su puesta en marcha.
El verdadero foco de la discusión debería estar sobre la viabilidad integral del Sistema Previsional Argentino (SIPA). Evaluando sus ingresos y el nivel de jubilaciones al que permite acceder. Esto implica tener en cuenta las realidades del mercado laboral actual y las relaciones que tienen que existir para que un esquema de reparto puro pueda llegar a niveles de jubilaciones como las que se proponen con el 82% móvil.
Un repaso teórico
Un sistema previsional de reparto puro depende de la relación entre la cantidad de aportantes al sistema, su nivel de ingreso y la cantidad de beneficiarios. Hay que tener en cuenta que bajo la legislación argentina, los aportes y contribuciones equivalen al 28% del salario neto del trabajador (11% de aportes y 17% de contribuciones). Es decir que suponiendo que todos los trabajadores cobran el salario medio de la economía, sería necesario el aporte de 2,92 trabajadores medios para pagar el beneficio de un solo jubilado a un nivel equivalente del 82% móvil. Esto sin tener en cuenta los costos operativos de ANSES.
El cuadro muestra por un lado la cantidad de aportantes que tiene el sistema y el aporte medio que realizan por mes. El apartado siguiente muestra la cantidad de beneficiarios que tiene el sistema previsional entre jubilados, pensionados y pensiones no contributivas (legisladores, pensiones graciables, ex combatientes, etc.).
La relación entre aportantes y beneficiarios es de 1,43, es decir que hay 1,43 trabajadores activos que realizan aportes por cada beneficiario del sistema previsional. Este número podría ascender a más de 2,5 si la informalidad laboral fuera nula.
El aporte medio por trabajador es inferior al haber medio por jubilado. Es decir que se necesitan los aportes de 1,28 trabajadores para pagar la jubilación de un solo beneficiario.
El haber medio de los jubilados es equivalente al 35% del salario medio de los trabajadores en actividad.
Esta información es la que permite calcular el ratio necesario para que los beneficiarios reciban un haber equivalente al 82% del salario promedio de los trabajadores en actividad, que se ubica en 2,92 trabajadores activos por cada jubilado. Para un sistema de más de 6 millones de beneficiarios como es el caso del SIPA, esto implica la necesidad de contar con un mercado laboral de más de 18 millones de aportantes (dependientes + autónomos + monotributistas). En la actualidad el número de aportantes es de apenas 8,6 millones, es decir que no llega ni a la mitad de lo necesario para que un esquema de este tipo sea sustentable por sí solo. Desde este punto de vista el esquema – como sistema de reparto puro – es claramente inviable.
El Sistema Previsional Argentino en la actualidad tiene otras fuentes de financiamiento y diversas obligaciones que hacen el análisis más complejo. De todas formas, una manera sencilla de evaluar su profundidad y el nivel de los haberes que paga es utilizando el tamaño de la economía como referencia.
La reestatización del sistema y la incorporación como beneficiarios de individuos que todavía no cumplían con todos los requisitos necesarios llevaron a una fuerte suba de los gastos en prestaciones sociales, que alcanzaron en 2009 el nivel récord de 7,6% del PIB.
De todas formas, esto no se repite a la hora de evaluar el ingreso medio de cada beneficiario, ya que el mismo (medido en términos relativos al PIB) cayó casi un 30% con respecto a los niveles pre devaluación. Esto quiere decir que el SIPA ha ampliado la base de cobertura, pero que no ha logrado mantener el nivel promedio de los beneficios en relación al tamaño de la economía.
Esto demuestra que si bien se ha avanzado significativamente en el grado de cobertura, el sistema previsional argentino presenta todavía dificultades en materia de ingresos. De hecho la jubilación mínima se encuentra por debajo de la línea de indigencia si se toman los índices de precios del interior del país.
Esto explica en buena medida la necesidad de avanzar en medidas que mejoren el ingreso medio de los jubilados y pensionados. Estos avances se han logrado en buena medida por als fuentes adicionales de financiamiento que tiene el sistema, de las que se pueden destacar:
Masa Coparticipable Bruta (15%):
Año 2009 = $18.000 millones.
Impuesto a las Ganancias (20%):
Año 2009 = $11.000 millones.
Impuesto al Valor Agregado (11%):
Año 2009 = $9.700 millones.
Entre los tres ejemplos mencionados, más otras asignaciones menores y contribuciones figurativas del Tesoro Nacional, el Sistema Previsional recibió durante 2009 un monto total de casi $47.000 millones. Esto equivale al 40% del total de recursos del sistema.
La mayoría de estos fondos fueron a asignados al sistema a principios de los 90s para cubrir el déficit que iba a generar la transición hacia el Sistema Previsional Mixto (Capitalización + Reparto).
La pregunta que surge entonces es si – sobre la base de estas asignaciones especiales – se puede financiar un esquema de 82% móvil para todos los jubilados.
Implicancias del 82% móvil
Para responder la pregunta anterior lo primero que hay que estimar es el costo que tiene el ajuste de las jubilaciones hasta alcanzar el objetivo del 82% móvil de jubilación. El pedido de ajuste de las jubilaciones que lleva a cabo la oposición puede tener dos interpretaciones.
Escenario de Mínima:
Implica una suba de la jubilación mínima hasta equiparla con el 82% del salario mínimo vital y móvil. Esto implica llevar a la jubilación mínima del valor actual de $895 a $1.230 (+37,5%). Este ajuste beneficia a 4.200.000 personas, que en la actualidad tienen haberes menores a $1.230 por mes. El costo de esta medida es de $17.500 millones de pesos anuales. Esto equivale a subir el costo actual del sistema previsional en un 20%.
Escenario Máxima:
El escenario de aumento de la jubilación mínima implica la generación de una fuerte distorsión entre los jubilados de menores ingresos y aquellos que cobran jubilaciones mayores. Al subir la jubilación mínima, estas tendrían un ajuste claramente superior al de las jubilaciones mayores, que en general se asocian a individuos que han realizado aportes significativamente más altos durante su período activo. Estos jubilados podrían reclamar que se aplique el mismo ajuste a sus jubilaciones. En ese caso el costo total de la medida ascendería a $31.500 millones anuales.
En cualquiera de los dos casos, el costo a asumir es superior al superávit que mostró el sistema previsional durante 2009. Esto es así aún a pesar de contar con un 40% de recursos no originados en el propio esquema previsional. En el caso de mínima la diferencia es acotada ($3.500 millones). Esto se da en el marco de un sistema previsional que ha ido asumiendo obligaciones económicas, incluyendo erogaciones como la nueva asignación por hijo.
¿Es el FGS una alternativa?
Uno de los argumentos que ha ingresado en la discusión es la presencia de casi $150.000 millones de pesos acumulados en Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Quienes promueven el incremento de las jubilaciones argumentan que estos fondos corresponden a los jubilados y que deberían ser aplicados a financiar el costo del aumento.
Al analizar este tema, el primer aspecto a destacar es que los fondos acumulados no son líquidos. El 95% de los fondos se encuentran invertidos y el 5% corresponden a disponibilidades. De las inversiones algunas son más líquidas y otras son prácticamente irrealizables en el corto plazo. Por ejemplo, el 61,8% de los fondos se encuentran en Títulos Públicos y resultaría imposible vender los mismos en el mercado secundario, porque son un porcentaje alto de la deuda emitida por el gobierno nacional y no habría mercado para venderlos sin que ello signifique un significativa pérdida de valor.
Situaciones parecidas se dan con las tenencias de acciones o las ivnersiones en proyectos de ivnersiónn (canalizadas en gran medida hacia obra pública). Es decir que de los $146.000 millones, en el mejor de los casos resultarían líquidos no más de $20.000 millones (plazos fijos, disponibilidades y títulos del exterior) y en caso de usarse esos fondos, implicaría una caída en la liquidez de los bancos locales y una probable retracción del crédito.
Esta cartera de inversiones generó ingresos (base caja) por más de $8.300 millones durante 2009, lo que equivale a un retorno del 5,5% al que se le deben sumar los intereses de los títulos públicos que se han ido capitalizando y las subas que se puedan haber producido en el valor de determinados activos y que no se realizaron por no haberse vendido.
De usar el stock solamente se podría beneficiar a algunos jubilados actuales, en cambio en caso de invertir el stock y usar el flujo el aporte puntual es menor, pero se hace más sustanble en el tiempo, alcanzando el beneficio a los trabajadores en actividad que son los que aportaron dichos fondos.
Comentarios finales
De todas formas, las cifras evaluadas muestran que el sistema no está en condiciones de afrontar el costo de asegurar jubilaciones equivalentes al 82% del salario de las personas en actividad. Y el principal motivo por el cual no está en condiciones es el alto grado de informalidad que tiene el mercado laboral.
Esto hace que la relación entre aportantes al sistema y beneficiarios sea muy baja y que por lo tanto se genere una fuerte dependencia de las rentas generales.
Esto lleva a otro tipo de discusión que tiene que ver con ¿qué nivel de esfuerzo se está dispuesto a hacer en materia de gasto para financiar el mayor costo del sistema previsional? Es decir que para financiar jubilaciones mayores es necesario incrementar el nivel de aportes – originados en rentas generales – que se destinan a financiar el sistema. Esto se da partiendo de un nivel de transferencias ya de por si altas, teniendo en cuenta que por ejemplo, el sistema previsional recibe más fondos de las rentas generales que por ejemplo la provincia de Buenos Aires.
Mayores transferencias en un contexto de cuentas fiscales tendiendo al déficit implica necesariamente realizar ajustes en otras partidas presupuestarias y por lo tanto pasa a ser una discusión de asignación presupuestaria, donde se deben establecer prioridades entre diferentes gastos.
En resumen, lograr el 82% móvil bajo el actual esquema no parece viable, porque el sistema no sería sustentable y se necesitaría un esfuerzo sobre las rentas generales mayor al actual, que ya es históricamente elevado porque cuenta con los fondos adicionales que se asignaron para cubrir el déficit que iba a traer aparejada la creación del sistema mixto en 1994.
Subir la presión tributaria – en especial sobre el empleo – parece una decisión poco razonable, en especial porque los altos niveles de informalidad son el principal problema a resolver. Por lo tanto el único camino transitable en caso de avanzarse hacia el 82% móvil sería el de una reasignación de partidas presupuestarias sacrificando otros gastos (gastos de capital, subsidios, etc.).
