La Sociedad Rural de Rosario (SRR) denunció que el proyecto de ley para modificar la Ley 11.273, sobre fitosanitarios, que tiene media sanción en Diputados de Santa Fe, “deja sin protección al sector (agropecuario) y pidió que “las decisiones se tomen en base a estudios científicos”.
Patricio Lamas, directivo de dicha entidad, en este sentido, aseguró que el senador santafesino Alberto Betique, del Partido Justicialista, prometió que la Cámara alta “se basará en la ciencia” a la hora de definir el futuro de dicho proyecto. “La ciencia no estuvo presente en Diputados”, dijo Lamas.
El dirigente señaló que, sobre los fitosanitarios, “hay mucha mentira o desinformación, muchos informes sin fundamentos y sobre todo hay mucha precisión de los que dicen llamarse ecologistas, porque yo productor también soy ecologista. Esto no es ecologistas contra sojeros, yo como productor, como creador de alimento, soy la persona más ecologista que hay sobre la tierra”.
“No puede ser que un grupo de diputados de la provincia decida que un determinado producto no es de una banda porque a esa condición la determinan organizaciones mundiales como la FAO o la Organización Mundial de la Salud”, añadió.
El proyecto prohíbe la aplicación de glifosato sobre la superficie sembrada a una distancia de 500 metros a partir del perímetro urbano fijado por los municipios y comunas.
La propuesta limita la aspersión del herbicida en forma aérea a una distancia de 1.000 metros de los centros urbanos. Además prohíbe el uso de fosfuro de aluminio para combatir insectos en el transporte de granos.
El proyecto, de autoría compartida entre los diputados Roberto Reutemann, Silvia De Césaris y Adrián Simil, deja a criterio de la autoridad de aplicación la posibilidad de extender las limitaciones sobre otros productos que considere peligrosos.
En su artículo 1º, el proyecto indica que su objetivo es la protección de la salud humana, de los recursos naturales y la producción agrícola a través de la correcta y racional utilización de los productos fitosanitarios”.
En cuanto a los alcances, la propuesta incluye “la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, en cualquiera de sus modalidades, depósito, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y disposición final de envases de productos fitosanitarios cuyo empleo, manipulación o tenencia a cualquier título comprometa la calidad de vida de la población o el medio ambiente”.
