Luego de que la Cámara Federal de Mendoza rechazara un planteo para apartar al juez de esa provincia que la semana pasada ordenó un allanamiento y designó un interventor en Cablevisión, la operadora de TV por cable del Grupo Clarín profundizó la embestida contra el magistrado ante el Consejo de la Magistratura.
Ayer, Alejandro Fargosi, miembro del Consejo de la Magistratura, pidió que se convoque “con la máxima urgencia posible a una sesión extraordinaria del Plenario” de este organismo para tratar las denuncias formuladas contra el juez Walter Bento. “Fundamento este pedido en la gravedad institucional manifiesta que pueden tener tanto la resolución del doctor Bento como las denuncias formuladas contra él, toda vez que en esa decisión pueden verse afectados no solo el debido proceso sino el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa consagrados en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional”, sostuvo Fargosi.
El juez cuestionado es titular del Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza. Y el 22 de diciembre ordenó allanar la sede porteña de Cablevisión con el apoyo de Gendarmería Nacional. Además, designó un interventor-coadministrador con el objetivo de que en 60 días separe en cuatro las actividades y operaciones de Cablevisión para que se retrotraigan a los momentos previos a la fusión con Multicanal, en 2006, operación que fue aprobada a fines de 2007 por Néstor Kirchner.
El fallo de Bento se vincula a una denuncia por supuestas prácticas anticompetitivas radicada en su juzgado por Supercanal, empresa propiedad del grupo Vila-Manzano. Aunque otras fuentes aseguran que es funcional a la embestida que lleva a cabo el Gobierno contra todas las empresas del Grupo Clarín y que busca desmembrar a Cablevisión, una de las principales fuentes de ingresos del holding de medios.
Tras el violento allanamiento a su casa central, los abogados de la empresa recusaron al juez Bento, quienes también lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura “por mal desempeño”. Acusan al magistrado mendocino de irregularidades que “merecen su apartamiento”. También radicaron una denuncia penal en su contra y en contra del resto de las personas que participaron del allanamiento del 22 de diciembre pasado.
Ayer, la Cámara Federal mendocina rechazó la recusación sosteniendo que las causales “son de carácter taxativo y deben ser interpretadas con criterio estricto por tratarse de un acto grave y trascendental, una medida extrema y delicada”. En su resolución, el Tribunal agregó que “los vicios procesales y errores de hecho o de derecho de que adolecieren los fallos deben corregirse mediante los pertinentes recursos, pero no son motivo de recusación”.
“Evaluadas las razones expuestas por el recusante como así también el informe rendido por el juez de primera instancia, se estima corresponde rechazar la recusación deducida”, sostuvo la Cámara, la cual entendió que “el prejuzgamiento, como causal de recusación, solo se presenta cuando dentro del proceso, sin razón alguna que lo justifique, en forma totalmente intempestiva, el magistrado adelanta el resultado final del litigio”. En Cablevisión anticiparon que impondrán un recurso extraordinario federal a fin que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Inhibición a La Nación
El juez tributario Carlos Folco, a pesar de haberse declarado incompetente hace un mes para intervenir en el caso y desoyendo un fallo de la Corte Suprema, ratificó la inhibición general de bienes de La Nación.
Al igual que numerosos diarios y radios que están litigando con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), La Nación liquida impuestos conforme con el mecanismo que estableció un juez en 2003 y que la Corte Suprema ratificó en 2009. En esta última intervención, el alto tribunal prohibió a la AFIP exigirles a los medios el pago de una deuda mayor, porque la existencia de esa deuda está, precisamente, en discusión.
La Nación puso de relieve hace una semana que la AFIP, que dirige Ricardo Echegaray, no le había comunicado al juez Folco la existencia del fallo de la Corte que protege a los medios. El propio magistrado, al ser consultado por este diario, admitió que la AFIP le había ocultado aquella sentencia.
Ayer, el juez Folco, en su resolución, reconoció que "la AFIP debió poner en su conocimiento" esa decisión de la Corte de mantener el régimen legal vigente. No obstante, decidió mantener la inhibición general por 162 millones de pesos: a su entender, la sentencia de la Corte "es irrelevante" para resolver esta controversia. La Nación, que ya apeló la inhibición general dictada por el juez Folco, planteará su nulidad y solicitará que el magistrado se aparte de la causa.
