La reglamentación que hizo la Afip del polémico régimen de importaciones -por el cual le bajaron a la mitad el plazo que había puesto Guillermo Moreno para autorizar las compras al exterior- no llevó mucha tranquilidad a los operadores del comercio exterior. Los despachantes de aduana temen no cobrar por servicios que presten si el Gobierno les rechaza autorizaciones.
A partir del 1º de febrero comienza a aplicarse la Resolución 3.252, que establece la obligatoriedad de realizar una Declaración Jurada Anticipada de Importación. Cada solicitud será evaluada por los organismos competentes (básicamente por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno), que resolverán la aprobación o no del procedimiento en un plazo que va desde las 72 horas hasta un máximo de diez días.
“Eso en la teoría, porque en la práctica jamás respetaron los plazos”, disparó Marcelo Abaca, titular del Estudio Jurídico Aduanero que lleva su nombre. El letrado consideró que está bien que se busque proteger la industria nacional, pero opinó que la metodología está errada. “La planificación de los negocios, la logística previa, la búsqueda de clientes, los acuerdos comerciales, todo esto se hace con mucho tiempo de antelación y resulta que ahora tendremos un final incierto para todo el trámite, que puede quedar en la nada por una simple decisión discrecional”, sostuvo.
Por su parte, la despachante Claudia Barone coincidió al señalar que en su rubro suelen cobrar su trabajo una vez que se concreta la importación, por ende si esta se cae, puede ser que no perciban nada y no sólo eso, estarían expuestos a quedar ante el cliente como responsables por incumplimiento de contrato.
“¿Cuándo podremos importar y cuándo no? ¿En qué rubros? Quedamos completamente sujetos a la decisión de Moreno”, manifestó, por su parte, José Luis Moreno, gerente de la firma Oscar Belgrano.
Y es que no está claro qué criterio va a utilizar el Gobierno para determinar qué se puede importar y qué no, porque si bien se sabe que aquello que se puede fabricar acá no podrá venir de afuera, el límite es laxo en torno a lo que por ahora no se hace en el país.
“Hay muchas cosas que acá va a llevar tiempo fabricar o que se hacen pero no en la calidad ni cantidad requerida, por lo que la industria nacional que necesita de estos insumos se verá afectada”, apuntó Mario Marcucci Guma y precisó que uno de los sectores más perjudicados podría ser el automotriz. “Ya se venían quejando por las licencias no automáticas y habrá que ver qué pasa con esto”.
Para Barone no se sabe bien a qué se apunta con esta resolución. “Dicen quieren equilibrar la balanza comercial, pero no se incentiva demasiado a los exportadores”, dijo. Además sostuvo que se generan problemas a corto plazo, postergando todo tipo de importación hasta que haya más precisiones, y también a largo, imponiendo una nueva barrera comercial que podría traer represalias de socios como Brasil y China. “Así el libre comercio del Mercosur no existe. No creo que la medida beneficie al país”, agregó.
Por último, Abaca indicó que este tipo de determinación da lugar a que las empresas tomen más medidas insólitas. “Con esto de que el que importa tiene que exportar, vamos a encontrar más casos como el de automotrices que vendan vino para traer autopartes”, graficó. Además consideró que el comercio exterior se está transformando en una carrera con obstáculos en la que los chicos van quedando en el camino y sólo los que tengan espalda sobrevivirán.
Finalmente, Marcucci Guma dijo: “Según la OMC esto que hace el Gobierno es controlar la economía, pero ya pudimos sobrevivir a las licencias no automáticas y también deberemos adaptarnos a esto”.
