Un nuevo capítulo se inscribió en las últimas horas en la conflictiva coyuntura que atraviesa la empresa Naranpol. En concreto, se impidió el ingreso y egreso de mercadería en la fábrica, luego de registrarse una denuncia penal por la comercialización sin las habilitaciones correspondientes. Y, a su vez, la Justicia indicó una orden de desalojo de las plantas, sobre lo cual la policía aún no determinó si ejecutará la disposición.

Según explicó Nicolás Falkenberg, juez de instrucción de turno –dada la feria judicial en curso–, “en el marco del concurso preventivo de Productor Alimentario S.A., en su momento se dispuso el desalojo porque la masa concursal debe tomar la administración de la planta”. Una serie de episodios mediante, “a fines de diciembre se dispuso el desalojo, el que no fue ejecutoriado porque no se contó con los recursos suficientes”, señaló el magistrado en diálogo con LT10 durante la mañana de este miércoles.

En el mismo contexto, Falkenberg aclaró que no ordenó el desalojo, sino que cuenta “con una denuncia de que se estaría comercializando y produciendo dentro de las plantas, que se estaría vendiendo mercadería que pertenece a la firma y no se sabe qué pasa con el dinero”, especificó y apuntó que la propia denuncia “es un requerimiento de instrucción del fiscal número siete, Jorge Andrés”.

Al profundizar sobre la actual situación de la empresa, en virtud de esa presunta comercialización irregular, el juez consignó que “por un lado, gente que ha visto camiones distribuyendo mercaderías; y por otro, la situación del concurso por la cual, jurídicamente, no podrían realizar ningún tipo de acto de esta naturaleza porque el titular de estos derechos es la administración del concurso”. A estas circunstancias, se suma que días atrás la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria aconsejó la no consumición de productos provenientes de Naranpol.

Habida cuenta de la consecución de tales cuestiones, “ordené el control policial para que no ingrese ni egrese ningún tipo de mercadería porque no se sabe qué lo está pasando”, postuló Falkenberg. Pero, además, consignó que “se estaría constituyendo una cooperativa con personal dependiente de la empresa para distribuir y vender este tipo de productos”. Se trata, en suma, de una situación “irregular porque la empresa no está quebrada. Hoy por hoy está concursada. La finalidad del concurso no es necesariamente terminar en la quiebra”, puntualizó.

En cuanto al controversial tema del desalojo, se precisó que “la decisión ya está tomada. El juez civil ya tomó la decisión. Ahora depende de una cuestión operativa”, es decir, de una fuerza policial.