La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) celebró el apoyo obtenido en todo el país por el Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, presentado en la legislatura por el diputado nacional Carlos Heller, quien preside la Comisión de Finanzas. La entidad logró juntar un millón de firmas para tratar el proyecto de ley.
La iniciativa propone reemplazar la vigente Ley de Entidades Financieras por una normativa que declare al sistema como “servicio público universal”, de modo que permita la democratización y desconcentración del crédito, el apoyo a la producción y el fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
En tal sentido, representa la concreción de uno de los reclamos que Apyme sostiene desde sus inicios, ya que la legislación actual constituye una rémora inaceptable de la dictadura que desreguló el mercado financiero con el solo objetivo de fortalecer el negocio de los bancos y la especulación, dejando en manos del “mercado”, es decir, de los grupos más concentrados, las principales variables del sistema.
En este marco ha sido y es una constante la escasa orientación del crédito hacia la actividad productiva, en especial hacia las micro, pequeñas y medianas empresas. Este sector constituye más del 95% de las unidades productivas y representa el 70% del empleo, pero el grueso de las empresas que lo componen se ven impedidas de acceder al sistema o deciden financiarse con capital propio antes que endeudarse a tasas prohibitivas.
Por otra parte subsiste una abrumadora concentración del sector financiero. Según cifras estadísticas, más del 80% por ciento de las entidades se concentran en Buenos Aires, Santa Fe, Capital Federal y Córdoba, con lo cual miles de localidades carecen de servicio financiero.
Debe considerarse asimismo la necesidad de avanzar con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, a fin de que el organismo pueda acompañar la orientación productiva del gobierno nacional.
Apyme considera indispensable el tratamiento de esta normativa, ya que garantizar el acceso al crédito para el conjunto de los sectores de la economía, junto con un adecuado apoyo a la banca pública y cooperativa y las necesarias limitaciones a la banca especulativa, es parte de una política de Estado que debe comenzar a debatirse y concretarse si se quiere avanzar en el desarrollo con sentido nacional y equidad social.
