En la primera jornada en que se pusieron en práctica las nuevas medidas a la importación, los despachantes de aduana tuvieron un balance positivo a la hora de cargar las declaraciones juradas que serán evaluadas por el Gobierno para concretar las cargas. A los aspectos poco claros que se presentaron apenas se anunciaron los cambios, ayer se sumaron nuevas dudas.
La Resolución 3.252, que establece la obligatoriedad de realizar una Declaración Jurada Anticipada de Importación entró en vigencia ayer y en las oficinas de los operadores el trabajo estuvo centrado en estrenar el soporte online para cargar la información de cada importación pretendida. “Sin dudas no fue el día más tranquilo, con sistema nuevo teníamos temor que no funcionara, aunque la operatoria de carga la realizamos sin sobresaltos”, le dijo a punto biz Mario Marcucci Guma, quien está al frente de la compañía especializada en comercio exterior que lleva su nombre.
Una vez completada la declaración, la espera redunda en un período que se extiende de 72 horas a 15 días corridos. “Si bien no teníamos la certeza del tiempo para aguardar la confirmación o anulación del permiso de importación ya que había disidencias entre lo requerido por Moreno y la Afip, en la página del organismo recaudador ya hablan de un máximo de 15 días contando fines de semana y feriados”, aclaró Marcucci Guma. La Secretaría de Comercio Interior que dirige Moreno había pedido inicialmente 15 jornadas hábiles de plazo para autorizar o descartar una operación de mercadería del exterior.
Si bien los aspectos vinculados a los plazos y al correcto funcionamiento del sistema en la práctica eran temas que dejaban interrogantes abiertos, ahora y con la operatoria en marcha existen nuevas dudas. “No sabemos qué va a ocurrir en caso de que la declaración se anule, nadie nos dice si tendremos una devolución oficial para saber qué fue lo que no se acordó a las normas”, apuntó el gerente de Oscar Belgrano SRL, José Luis Moreno.
El sistema informático para viabilizar las declaraciones juradas se denomina “María” y en él los operadores pueden observar el estado del trámite. “Las solicitudes hoy figuran bajo el título de 'oficializadas' y si son aprobadas las encontraremos en la categoría 'salida', allí recién el importador tendrá 180 días para traer la mercadería al país”, explicó.
A la hora de mencionar el valor de la mercancía a importar se presentó otro problema, los despachantes no saben si recibirán alguna penalidad si el precio de la mercadería cambia, realidad que se da habitualmente. “La normativa habla de una 'variación razonable' a la hora de una eventual modificación de los importes que se pueden presentar si la carga se grava con gastos en origen. Desconocemos qué parámetros se pondrán en juego para medir dicha variación, incluso no sabemos los límites que se trazaron para caer en una acción pasible de ser multada”, advirtió Marcucci Guma.
“En el formulario a completar nos solicitan que especifiquemos los kilos a transportar, cifra que muchas veces no conocemos hasta que se arman las listas de empaque, acción posterior a la habilitación de la importación. En mi caso puse una cifra 'a ojo' de acuerdo a los antecedentes de la firma que operó en otras oportunidades con nosotros”, relató Moreno respecto de otro ítem que no quedó claro.
“Toda modificación en el trámite implica un cambio en nuestra forma de trabajar, con relación al peso de la carga tendremos que pedirle al cliente que nos de un número que luego no sufra alteraciones y la importadora deberá adaptarse a rajatablas a esa cifra”, sumó Marcucci Guma. “La nueva norma ya se puso en práctica, representa una decisión oficial tomada y no habrá vuelta atrás, por lo tanto tendremos que adaptarnos. No existe otra alternativa visible”, manifestó el operador.
Ambos entrevistados coincidieron en que los primeros meses de la resolución el contralor será flexible para garantizar la adaptación de toda la cadena que forma parte de una operación de comercio exterior. Sin embargo Marcucci Guma fue claro al decir que “con el tiempo se vendrá una etapa rígida, que si se aplicara hoy generaría un incendio”.
“Hay una realidad y es que con las modificaciones tenemos más trabajo, algunas organizaciones del rubro tomarán más personal y otras optarán por la automatización de tareas en el marco de una aplicación informática”, puntualizó Marcucci Guma. Nucleadas bajo el Centro de Despachantes, las empresas no han recibido ninguna directiva para regular los honorarios que se facturan a los clientes. “Las tarifas se pactan con quienes contratan nuestros servicios de manera particular, conozco de casos en Buenos Aires donde operadores planean incrementar el precio tras la nueva normativa, pero hasta ahora no llegaron noticias oficiales del Centro en el que estamos institucionalizados”, remató Moreno.
