Las negociaciones entre Servicios Portuarios (SePor), la concesionaria de las terminales graneleras VI y VII del puerto de Rosario, con el Ente Administrador de Puerto Rosario (Enapro) por una inversión de $60 M a a cambio de una ampliación de la concesión tiene al menos dos puntos que generan dudas hacia el interior del propio organismo de control. El escollo principal es el temor de algunos directores del ente de estar beneficiando excesivamente a la empresa concesionaria con el acuerdo. Y, precisamente, son esas dudas las que frenan la rubrica del entendimiento que se negocia desde finales del año pasado, según le admitió a punto biz un director del Enapro que pidió no ser identificado.
¿Cómo es la historia? Sepor ofrece ese millonario desembolso para reparar el muelle que se derrumbó en 2006, pero además propone construir nuevos accesos y el dragado de la laguna (aquella que el gobierno nacional promete desde hace años rellenar para sumar hectáreas) que le permitiría el ingreso y amarre de barcazas.
Ese paquete de obras le permitiría a Sepor, de capitales bonaerenses y que tiene como cabeza visible al empresario Juan Manuel Ondarchuhu, saltar de una capacidad operativa de 3.1 M de toneladas a algo más de 5 M. A cambio, piden que les extiendan 15 años la concesión que termina en 2024.
Pero el Enapro le quiere dar 7 años y no 15. Pero ahí tiene un escollo. Es que cuando el ente estaba al mando de Juan Carlos Retamero, acordó en 2007 con SePor una extensión del contrato por siete años (una vez vencida la concesión nacional) a cambio de que la firma financie la obra, que se calculó en ese momento de algo más de $10M. El Enapro también le pide a Sepor que suba de 15 centavos de dólar por tonelada embarcada, que es lo que paga por canon en la actualidad, a 30 centavos.
Las dudas
¿Qué es lo que no le cierra a algunos directores del ente? Es que, en rigor, Sepor tendría que pagar esa obra de reconstrucción del muelle sin exigir más años porque la caída fue durante la concesión y es el responsable de la infraestructura. Es más, si el colapso hubiese sido por un problema estructural, se debería haber iniciado expedientes para que el gobierno nacional (quien le otorgó la concesión en los noventa antes de la descentralización portuaria a las provincias) lo pague. ¿Por qué entonces lo paga la Provincia extendiéndole el negocio a Sepor? Si el Enapro no es autoridad de aplicación, porque es una concesión del gobierno nacional, ¿por qué negocia? Es más, Sepor presenta la inversión como duplicación de la capacidad, pero en rigor estaría volviendo a tener la misma que tenía antes de que se le cayera el muelle que ahora ofrece arreglar a cambio de que le extiendan el negocio.
En este caso, el Enapro tiene un mal antecedente que es el acuerdo de Retamero. Pero también hay convencimiento en la conducción de Ángel Elías en que es la única forma de lograr la concreción de la obra porque nadie espera que el gobierno nacional invierta ese dinero. No obstante, hay que justificarlo en los papeles.
El otro tema que hace ruido adentro del directorio es porqué se compromete el ente a extender la concesión si en rigor es una concesión nacional que vence en 2024, momento en el que el Enapro (que ya tiene la titularidad de las tierras pero no la concesión) adquiere el dominio total del predio y su infraestructura. ¿No tendría que llamar a una licitación en vez de dejar seguir a quién viene de una concesión nacional?, es la pregunta que se hacen en el directorio.
¿Un regalo?
En rigor, el propio Elías comparte las dudas que le expresaron a punto biz dos director del sector privado, pero lo apura un tema urgente: mejorar el financiamiento para el ente.
Es que Sepor tiene un acuerdo económico ventajoso y por esto también le resulta interesante extenderlo.
Es que la empresa paga 15 centavos de dólar por tonelada cargada. Al mover 3 M de toneladas, como el año pasado, le pagó al Enapro algo más de u$s 500,000 en pesos al tipo de cambio oficial.
En rigor, hacia 2002 Servicios Portuarios pagaba 30 centavos de dólar por tonelada cargada, pero se la fueron bajando hasta los actuales 15.
¿Y qué tarifa cobra por el servicio? Cobra unos u$s 3,5 dólares por tonelada puesta en el barco, pero se lleva hasta u$s 5 por el resto de los servicios que presta a los granos (como almacenaje, aireado y mezclas, por nombrar algunos)
¿Está bien pagar 15 centavos de dólar por las 20 hectáreas que maneja, los dos muelles en los que -si los tendría ok- podría mover 5 M de toneladas, los silos para almacenar 250 mil toneladas, los 10 kilómetros de vías férreas, y hasta la playa de estacionamiento de Pérez? ¿El pagar ese monto no le da espalda para haber reparado ya los muelles? ¿O son ingresos que se derivan a otros negocios inmobiliarios? Todas esas preguntas se hacen algunos directores reticentes a firmar el entendimiento.
Elías sabe que le pagan poco y por eso quiere llevar el canon a 30 centavos de dólar una cifra similar a los 39 centavos de dólar que SePor abona en paralelo al gobierno nacional (porque es una concesión nacional). Pero, en este punto, en el ente dudan de que realmente Sepor esté pagando en tiempo y forma ese canon al gobierno nacional.
Como las negociaciones son en muy buenos términos entre la gente de Elías y Ondarchuhu y no hay plazos para cerrarla, hay margen para un acuerdo siempre que se establezcan condiciones que defiendan el patrimonio de la provincia.
