“Las expectativas son de regulares a malas, y si no cambia la visión del gobierno me inclino por pensar que todo puede ser aún peor”. Así, tajante, es el análisis de Roberto Villavicencio, presidente del Grupo Oroño, al analizar el horizonte del sector privado de la salud.
Villavicencio, junto con Mario Tourn (grupo Gamma), Alfonso Quaranta (Sanatorio de la Mujer), Eduardo Javkin (Asociación de Clínicas y Sanatorios) y Juan Gabriel Seleme (Cámara de Empresa de Medicina Prepagas) expusieron ayer en el primer foro de Economía y Management en Salud organizado por la Fundación Libertad.
Tanto desde los centros prestadores (sanatorios y clínicas) como de las financiadoras (prepagas) criticaron que en la nueva ley para la regulación de las empresas de medicina privada, que ya tiene un año de reglamentación, se incorporaron más prestaciones médicas obligatorias, muchas de ellas de alto costo por su complejidad y extensión, sin haberse previsto cómo se iban a financiar.
Frente a estas obligaciones, empresarios trazaron un escenario de concentración de empresas ante la imposibilidad de las pequeñas de hacer frente a la situación, pero advirtieron que el problema es que quedará más gente sin atención privada presionando por más atención estatal de la salud.
“El problema es que si cierra una prepaga chica del interior que cobra una cuota de $250 al mes, su lugar lo ocupará una que cobra $500 al mes y habrá mucha gente que no podrá afrontar ese aumento de cuotas y tendrá que recurrir a la atención pública, y este es un tema que el gobierno no está tomando en cuenta porque la presión en el futuro la tendrá el Estado”, advirtió Villavicencio.
Los empresarios también fustigaron las demoras en las actualizaciones de cuotas (prepagas) y aranceles (prestadores), que no sólo nunca termina de cubrir el real aumento de costos sino que también llegan con meses de retraso. “Es un drama nacional”, sentenció Villavicencio.
Por ejemplo, Villavicencio mostró los números de su grupo integrado (tanto prestador como financiador) y señaló que en 2011 lograron un incremento acumulado del 25.9% cuando la suba de costos fue del 33%, mientras que en 2012 la situación se equiparó porque el incremento logrado fue del 24% cuando los costos subieron el 25, pero la actualización demoró cinco meses generando un fuerte stress financiero en la empresa.
“Los sueldos son impostergables. Son sagrados y deben pagarse en tiempo y forma. Pero si seguimos así no sé hasta cuándo vamos a poder hacerlo”, alerta Villavicencio y luego agrega con ironía: “Yo ya le avise al área financiera que me diga un par de días antes que día dejamos de pagar los sueldos para sacar el auto de la cochera antes de que me lo rompan y por las dudas me compre el más chico del mercado para que la reparación no me salga tan cara”.
El presidente del grupo Oroño señaló que el sistema privado de salud sufre caída de márgenes de rentabilidad pero que ahora está en las puertas del quiebre de la ecuación económica.
Los empresarios se quejaron de que no fueron convocados por el gobierno y los legisladores para mostrar sus posturas cuando se debatía la ley. “No se puede decir que no sea una ley democrática porque fue votada en Congreso por unanimidad”, aclara Villavicencio y luego dispara “el problema no sólo está en el gobierno, sino también en la oposición como el socialismo, el radicalismo, y el PRO ya que todos ellos también levantaron la mano para votar una ley de alto contenido demagógico y ninguna de esas otras fuerzas políticas nos convocó o recibió”.
El empresario contó su reciente reunión con la presidenta Cristina Fernández a quien le llevó este cuadro de situación, pero de la que salió decepcionado por las respuestas obtenidas.
“El problema es que la concepción del gobierno es que las prepagas es un grupo concentrado de 5 grandes empresas que manejan el 80% del mercado que en los últimos años compraba a razón de u$s 2M por mes para atesorar, y que como tiene alta rentabilidad se los puede someter a todo y hasta pueden afrontar todas las nuevas prestaciones. Yo les mostré que esos números en la realidad eran distintos (son 8 empresas que manejan el 66% del mercado), pero no hubo caso. Es más, cuándo le conté que el problema para los sanatorios era que quedaban atrapados porque adelantaba el financiamiento del paciente ya que el cobro de los aranceles es posterior a la prestación, la respuesta que me dio fue que las prepagas hagan un anticipo mensual del 90%, cuando en realidad la respuesta no es esa, porque las financiadoras no están en condiciones de hacerlo, sino que el gobierno debe autorizar con más ritmo aumentos en el sistema que permitan cerrar la ecuación económica”, contó Villavicencio.
