En un claro revés para el gobierno nacional, ayer la Corte confirmó por unanimidad la suspensión del artículo 161 de la nueva ley de Servicios Audiovisuales, punto que establece la desinversión de los grupos de medios. 

En este contexto, Base de datos (107.1 de 7 a 10 ) se contactó con el diputado Agustín Rossi, que estableció plazos para la implementación de la norma y dijo que "no había ninguan lectura política" del fallo del Tribuanl Supremo. 

¿Cómo tomaron esta decisión de la Corte Suprema?

Nos hubiese gustado que la Cámara tratara el recurso extraordinario que presentó el gobierno y que se determine la cuestión de fondo del artículo 161.

Eso no ocurrió...

Eso no ocurrió y el fallo tienen elementos que destacamos y destacamos la ratificación de la vigencia de la totalidad de la ley de medios, la constitucionalidad de la misma y una sugerencia el juez no puede mantener la medida cautelar sin fijar ningún plazo, porque la Corte entiende la no determinación del juez sobre la cuestión de fondo y mantiene la medida cautelar. Desde ese punto de vista, nos parece que el fallo, si bien no dio lugar lo propuesto por el gobierno, tienen elementos que nosotros destacamos.

¿Cómo queda la situación planteada con el proceso de desinversión en particular con el Grupo Clarín?

La situación queda como lo dice el fallo de la Corte hasta que la Justicia no determine sobre la cuestión de fondo. El más llamado el plazo de desinversión es el tiempo de la ecuación de la nueva ley, no corre para el Grupo Clarín. La ley prevé que no puede emitir contenidos y al mismo tiempo transmitir esos contenidos, quiero decir, no puede tener una señal de cable y al mismo tiempo tenga un canal de cable, entonces eso lo podrá seguir haciendo.

¿En términos politicos qué significa eso?

En términos politicos no significa absolutamente nada. Lo que ha sucedido este año en la sociedad Argentina después del debate, que se ha dado alrededor de la ley de medios, de ese lugar no se retrocede. La sociedad Argentina tiene un nivel de cultura critica, sobre la información, sobre la construcción de la información y la transmisión de los hechos que anteriormente no tenia. Dicho de esta manera, el monopolio de Clarín podrá seguir teniendo los mismos medios, pero ya no  representa la verdad absoluta de los sucesos que pasan en la Argentina. Eso hace claramente que desde todos los lugares haya una verdad relativa, parcial y hace que la construcción sea mas plural.

¿En qué se esta avanzando y qué perspectiva podemos tener el año que viene con la ley de medios?

La reglamentación terminó hace dos meses, las políticas se van a implementar y se va a sentir fuertemente en estos próximos tiempos, las nuevas licencias que se vayan licitando los oferentes tendrán adecuarse a las nuevas reglamentaciones, en esto quiero ser claro. El Grupo Clarín tendra todo lo que tiene hoy, pero no podrá sacar una licencia de FM más, porque eso no está inhabilitado y con la digitalización, claramente va a potenciar que aparezcan mayor señales, la posibilidad de señales televisivas.

Además ya se ha hecho un censo sobre la cantidad de nuevos canales, que la mayoría de ellos están transmitiendo en QHS y otros en VHF. Eso llevará un tiempo de consolidación para que aparezcan con un nivel de potencia más alta. Seguramente las normas y los contenidos de producción local se van a tener que empezar a cumplir. La totalidad de la ley se tiene que cumplir, lo único que hay sobre el Grupo Clarín, o otro grupo que este en igual condiciones es el tiempo de adecuación a la nueva ley.

¿Cuántas frecuencias podrán llegar a la provincia de Santa Fe?

La verdad que sobre ese tema no estoy informado. Esta el vicerector de la Universidad Nacional de Rosario, Eduardo Seminara, también Miembro de la Autoridad de la Aplicación. Seguramente él tendra un detalle más preciso del que yo pueda decir.

¿Plazos para el año que viene?

Ya son plazos de cuestiones operativas, si se tiene que llamar a licitación llevara su tiempo y el análisis de las ofertas y las adjudicaciones correspondiente, pero ya no hay ningún plazo en términos legales que frenen ningún tipo de licitación.