Legisladores de Santa Fe se protegen de las investigaciones por corrupción

Las dos cámaras de la Legislatura santafesina se pusieron de acuerdo ayer para votar entre gallos y medianoches un proyecto que apunta a subordinar las actuaciones del Ministerio Público Fiscal y la Defensoría.

Sin que siquiera mediara discurso alguno, los diputados y senadores provinciales acordaron una iniciativa que cambia  el sistema de control, juzgamiento y destitución de fiscales y defensores. De ahora en más, será el Poder Legislativo quien tenga el poder de analizar conductas de los investigadores del Ministerio Público Fiscal.

La sanción de la ley surge en el marco de las investigaciones que vienen llevando adelante los fiscales contra ocho senadores, en los que se investigan hechos de corrupción. Qué mejor forma de cubrirse que quedar con la potestad para determinar sin más trámites la cesantía del funcionario judicial que debe llevar adelante la investigación. No es el único caso polémico que envuelve a los fiscales: recientemente hubo reasignaciones de causas calientes que dispusieron los fiscales regionales en casos que estaban bajo investigación funcionarios del Poder Ejecutivo. El más resonante fue el apartamiento del fiscal Roberto Apullán que investigaba una denuncia contra el intendente santafesino José Corral, y las escuchas al ministro de Seguridad de la Provincia Maximiliano Pullaro, y a un alto jefe policial. 

Hasta ahora, para remover a un fiscal se necesitaba un procedimiento interno con integrantes del Colegio de Abogados, de legisladores, un fiscal regional y hasta el fiscal general. Pero la Legislatura queda, tras la modificación, a cargo de este proceso para cualquier fiscal, tal como lo hace con el fiscal y defensor general.   
 

La ley se asemeja al proyecto que surgió en el Congreso de la Nación en el primer intento para correr de su cargo a la Procuradora General de La Nación. En aquella ocasión, un principio de acuerdo entre el oficialismo de Cambiemos y la oposición del Frente Renovador pretendió que una comisión bicameral tuviera la potestad para controlar a los fiscales. Al cruce de esta propuesta salió Lilita Carrió, denunciando un arreglo corporativo, y la iniciativa quedó en la nada.

La ley sancionada por la Legislatura provincial ni siquiera alcanzó a tomar estado público antes de ser aprobada en una sesión exprés. Rafael Gutiérrez, quien asumirá la presidencia de la Corte Suprema de Santa Fe en 2018, salió con los tapones de punta. “Ya perdí mi capacidad de asombro”, dijo, y pidió dejar trabajar en libertad a los fiscales para el normal funcionamiento de las instituciones, sin presiones políticas.

Por su parte, la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Acusatorio (MPA)  manifestó su "profunda preocupación con relación a la modificación de la ley orgánica del MPA". Consideró que "se ha reemplazado un modelo de régimen disciplinario legal, previsible y transparente por un sistema de dudosa constitucionalidad, que afecta la independencia de poderes, propia de un modelo republicano de gobierno". 

 
"Al mismo tiempo, deja a cada uno de los fiscales en una posición completamente vulnerable frente a los factores de poder de la provincia", resaltan. Advierten además que "se genera un riesgo cierto de menoscabo de la calidad institucional de la provincia, dado que la nueva ley condiciona a los fiscales que pretendan impulsar una investigación contra personas con incidencia política a ser destituidos a través de una simple votación en la Legislatura".