Puertos "van al hueso" en el conflicto por las tarifas de estibaje

Inédito y contundente. Los puertos cerealeros del norte del Gran Rosario se plantaron fuerte por primera vez contra las exigencias de aumento tarifario de la cooperativa de estibadores de Herme Juárez, que pide una suba del 60% en dólares, y decidieron el viernes dejar de usar estibadores en la operatoria y anunciaron que contratarían otros proveedores para el servicio de movimiento de mercadería en el muelle (“de pala”, como se conoce en la jerga).  Ante semejante avanzada, a los gremialistas no les quedó otra que suspender ese mismo día la medida de fuerza. Y ahora van por más: en la reunión de esta tarde en Buenos Aires, que presidirá el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, las empresas irán al hueso buscando no un acuerdo temporal, sino una salida final a los recurrentes conflictos.

La semana pasada la CGT San Lorenzo, que preside Eduardo Quiroga, juntó una serie de reclamos (principalmente crisis de una papelera de la región) para vestir de “conflictos laboral” una acción directa contra los puertos que frenó la operatoria, complicó la carga de 120 buques y generó pérdidas por u$s13 M, según cálculos de las cámaras empresarias. Pero lo cierto es que no había conflicto laboral alguno sino que detrás de todo esto estaba la mano de Herme Juárez, el titular de la poderosa cooperativa de estibadores que presta el servicio monopólico en Puerto San Martín y Timbúes (factura más de u$s80 M al año y tiene 90 asociados plenos dentro de los 700 trabajadores que representa), que buscaba con los bloqueos forzar un aumento del 60% en dólares de la tarifa de estibaje; una estrategia que en los últimos 10 años le vino dando resultados con el apoyo (u omisión) del Gobierno nacional.

Precisamente, por esa presión se generó una fuerte distorsión tarifaria que le quita competitividad a las terminales de la zona. Por ejemplo, la tarifa de estibaje por tonelada en el norte del Gran Rosario es de u$s80 contra los u$s20 que cuesta en el sur. Y la del “servicio de pala” es de u$s60 contra los u$s30 que se cobra en los puertos de Lagos, Alvear y Villa Gobernador Gálvez. Y a esa tarifa, ahora le querían sumar un aumento del 60% en dólares.

Para las empresas  Juárez se pasó de rosca y tensó por demás la cuerda luego de diez años a pura presión. Pero ahora la situación cambió. En lo económico, las empresas aseguran que ya no tienen más margen para seguir pagando esos precios y convalidando las distorsiones y por eso dijeron basta. Pero también hay un dato político que olfatearon las terminales y que también explica por qué se plantaron por primera vez: ya no hay un frente común entre el Gobierno y los gremios, como el que había en tiempos de Néstor Kirchner y Hugo Moyano aliados, que les imponía todo a los puertos sin margen de respuesta. Y además ahora la interna sindical en los muelles es tan fuerte que tampoco pueden acordar presiones conjuntas.

En rigor, con la tecnología actual de los barcos y los puertos, la presencia del estibador en la carga de granos a los buques es más que nada de acompañamiento (en lo que hace a descarga de barcazas, sí son más necesarios).  Es por eso que los puertos, si toman la decisión política como lo hicieron el viernes, pueden cargar barcos normalmente sin estibadores. En cambio, para “el servicio de pala” sí necesitan de empleados y maquinaria y por eso ya están buscando nuevos proveedores (privados y cooperativas) para correr a Juárez si esta tarde no se pone en caja.