Corredores se plantan contra la resistencia de la Bolsa de Buenos Aires al registro de granos

El Centro de Corredores de Granos de Buenos Aires le envió ayer una carta a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en la que se manifiesta en contra de hacer un reclamo judicial contra la reciente resolución conjunta de CNV y el Ministerio de Agricultura, que obliga a registrar diariamente y de manera online todas las operaciones OTC (disponible, foward, a fijar) con miras a hacer más transparente la formación de precios de los granos.

El viernes pasado, la Bolsa de Cereales organizó una reunión con las distintas entidades del sector para analizar el impacto de la flamante resolución y allí puso sobre la mesa la alternativa de “judicializar” el reclamo argumentando la “inconstitucionalidad” de la medida. La Bolsa porteña también buscó el viernes el apoyo de resto de las Bolsas cerealeras para una acción conjunta, apoyo que todavía no logró.

Según trascendió, la Bolsa objetó varios puntos como la intromisión de la CNV en el mercado físico de granos y las dudas sobre cómo se formarán ahora los precios de referencia (que le ponen precio a las operaciones a fijar); justamente los mismos reclamos que hace el  sector exportador y aceitero contra la resolución. Pero el grueso del argumento de la necesidad de recurrir a la instancia judicial es por temor a intromisiones futuras del Estado en el mercado habida cuenta de la información que pasará a disponer sobre los negocios diarios.

Para el Centro de Corredores de Buenos Aires la posición de la Bolsa es insostenible. En la carta, el Centro manifiesta su voluntad de seguir discutiendo puntos de la resolución pero se opuso de plano a ir en contra judicialmente, mucho menos con argumentos que se basan en hipótesis de futuros riesgos.

El Centro de Corredores resalta que la resolución además le encomienda a las Bolsas y Mercados a que ellos mismos  armen los mecanismos que crean convenientes -en base a usos y costumbres cerealistas- para hacer efectiva la registración de las operaciones y la elaboración de los precios de referencia; es decir no impone un sistema desde el gobierno. 

Queda la duda también del margen real que tendría la Bolsa para ir a la Justicia ya que tendría que demostrar en qué le afecta directamente la resolución, y en una primera lectura la medida no hace más que beneficiarla (suma registración, sus laboratorios suman muestras, que ahora son obligatorias).

"Si hay un sector que está en contra de la resolución, que es de lo mejor que sacó este gobierno que tuvo una política agropecuaria desastrosa, debería encarar por sí mismo el reclamo judicial, pero sin querer involucar al resto de los actores vía las Bolsas. Pero llama la atención que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires analice judicializar este tema cuando en el pasado, cuando ocurrieron hechos peores como como las listas que daba el gobierno definiendo quién podía vender trigo y quién no, se calló la boca y no habló de inconstitucionalidad", comentó Carlos Etchepare, analista del mercado granario.