Volverían a postergar entrada en vigencia de la regulación a inmobiliarias

Integrantes del Colegio de Corredores Inmobiliarios y del Colegio de Martilleros se reunieron ayer con concejales para exponer sus enfrentados puntos de vista sobre la normativa que los regula. Presidió la reunión el presidente de la comisión de Gobierno, Jorge Boasso, del bloque Radical y participaron Rodrigo López Molina, de Unión Pro Fderal; Daniela León, de la Unión Cívica Radical (UCR); Martín Rosúa, de UCR 1983; María Fernanda Gigliani, del Partido del Progreso Social (PPS) y Roberto Sukerman, del Frente para la Victoria (FPV).

Por el Colegio de Corredores Inmobiliarios participaron su presidente, Javier Grandinetti; el prosecretario, Narciso Quiriconi y los vocales Antonio Bertollo y Alejandro Juri. Grandinetti explicó las diversas alternativas que derivaron en la sanción de la ley provincial que crea el Colegio de Corredores Inmobiliarios y regula la actividad del sector. Mencionó que fue votada de manera unánime por ambas cámaras de la Legislatura provincial, que también por unanimidad rechazaron veto a un artículo que había determinado el entonces gobernador Hermes Binner. 

El corredor precisó los diversos aspectos que derivaron en reclamos judiciales por parte de martilleros y la inscripción que la normativa permitió para los mismos. Y también aseguró que mantienen la predisposición para que los martilleros puedan inscribirse y plantearon que “hay 6 trámites” de anotación de éstos en curso y aproximadamente 110 de idóneos en la misma situación.

 Ante una consulta del concejal Boasso sobre “cómo zanjar el conflicto” con los martilleros, el titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios, reiteró la predisposición para permitir la incorporación de los mismos. A su turno la concejala León, aludió a las prórrogas ya votadas en su momento y consignó la posibilidad de un nuevo plazo para la entrada en vigencia de la ordenanza que en consonancia con la ley provincial adecua la actividad del sector en la ciudad.

Posteriormente por el Colegio de Martilleros, su titular, Artemio Aguiar, enumeró críticas a la normativa provincial que determinó la colegiación en el Colegio de Corredores Inmobiliarios para ejercer la actividad. Insistió que “el Colegio de Martilleros tiene 40 años de existencia” y que sus integrantes son “martilleros y corredores públicos”, de los cuales el “54 por ciento tienen título universitario”. Aludió al pedido de nueva prórroga y consideró que si no hay cambios en la medida podría afectar fuentes laborales en el sector.

Ante ello el presidente de la comisión, Boasso, enfatizó que la ley no les impide seguir ejerciendo la actividad y estimó que podrían estar matriculados en los dos colegios. Precisó asimismo la posibilidad de prórroga en la puesta en vigencia de la ordenanza, pero para adecuarse a la misma “no como sustituto de medida cautelar”.

Los ediles analizaron posteriormente la posibilidad de la prórroga y se acordó que la definición sobre el plazo de la misma se considerará pasado mañana (jueves 21) en la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, que integran todos los bloques, con el objetivo de acordar la iniciativa de manera unánime.