Por qué la Provincia termina pagando muy cara la obra pública

“Si la contratista no cumple con el régimen que habilita la redeterminación de precios y el contrato se cae, la ley determina que hay que relicitar, y a veces con perjuicio para las arcas del Estado”, sentenció el ministro de Obras Públicas provincial, Julio Schneider. La explicación vino a cuenta de un caso que contó Punto biz en la edición de ayer (lunes 15 de septiembre), el de la constructora Parmigiani, que terminó yendo a la quiebra luego de que no le aceptaran incrementar un 20% de los valores de una licitación, que luego fue readjudicada a una tercera empresa por el doble del precio original. 

El caso ocurrió sobre el final de la gestión de Hermes Binner con Hugo Storero como ministro, pero la problemática subsiste, si bien menguada a partir de un acuerdo que firmó este año el gobierno provincial con las cámaras sectoriales. “Acceder a una redeterminación de precios no es sencillo, la reglamentación actual exige una serie de requisitos que la contratista debe cumplir. De allí sobreviene que otorgar los aumentos no sea automático”, amplió Schneider .

En realidad Parmigiani sufrió lo que les ocurre a empresas nuevas cuando negocian con el Estado. Para acceder a una redeterminación deben pasar al menos 90 días dede la adjudicación y existido una suba de costos del 5%. Además, la firma debe tener a favor la curva contractual, basada en el porcentaje de avance de obra  al momento de realizar el pedido. Algo que no sucedió en el caso de la empresa que construía tres centros de salud de manera simultánea en Sargento Cabral, Firmat y Gálvez

Sin cumplir con las condiciones que le exige la ley, Parmigiani quedó sin margen para continuar con las intervenciones. La Provincia en la relicitación no solo debió adecuar los precios a la inflación, sino que tuvo que reconocer los costos extras de la nueva contratista para retomar un edificio a medias. Así, luego de negar una remarcación del 20%, terminó relicitando pocas semanas después con más del 95% de incremento.

Desde la Cámara de la Construcción, si bien plantearon que el fenómeno de los reajustes es de los trastornos más importantes en la relación con El Estado, hicieron una salvedad. “La construcción pública requiere de formalidades que no todas las pymes cumplen. Por lo pronto cuando uno lícita debe tener espalda como para aguantar la burocracia estatal”, esgrimió Ricardo Griot, titular de la entidad. 

La Cámara firmó este año un acuerdo con la Casa Gris, en la que esta última se comprometió a acelerar los plazos para posibilitar las redeterminaciones. “En realidad cada vez que solicitamos un incremento y el pedido se enmarca en la ley vigente, debemos aguardar por el decreto habilitante, una firma que puede demorar meses. Frente a eso, hemos logrado que a partir de una resolución ministerial se produzcan redeterminaciones provisorias de algún porcentaje pretendido mientras se espera que salga el decreto con la suba final”, agregó Griot. 

Así, lo que debiera ser un negocio de construcción se termina convirtiendo en un negocio financiero, y la diferencia sale del bolsillo de los contribuyentes. En el caso testigo que contó Punto biz, la historia de seguir poniendo aún no terminó: el centro de salud de Sargento Cabral, licitado por primera vez en mayo de 2010, y relicitado en noviembre de 2011, todavía no fue terminado. “Estamos preparando los pliegos para una nueva licitación, ya que la última también se cayó”, contó Schneider.