Industriales podrán acceder a tierra e infraestructura al costo

En la sesión de ayer el Concejo aprobó dos proyectos claves para el sector industrial que tienen la finalidad de favorecer la radicación de nuevas empresas o el traslado de las ya existentes. Por un lado se armó un marco jurídico para que el municipio compre terreno industrial, haga la infraestructura básica y lo venda al privado al costo. Por el otro se fijó la creación de un fondo fiduciario para la realización de infraestructura básica en terrenos privados, que permitirá -por ejemplo- que la enorme inversión que exige la EPE se divida entre varios y que las obras que exige el municipio sean de carácter productivo y no urbanístico.

Los concejales radicales Sebastián Chale, Martín Rosúa y María Eugenia Schmuck, convocaron este viernes a una conferencia para explicar los alcances de estas nuevas ordenanzas, que integran un paquete de medidas que vienen impulsando para recuperar la impronta industrial de Rosario. Ya el año pasado se había aprobado la duplicación de la cantidad de suelo industrial disponible, así como un fuerte incremento de la TGI para aquellos que tuvieran tierra productiva y no la utilizaran. Ahora fueron por normativas que atendieran a otro de los principales problemas que tienen los industriales, como ser el costo de la infraestructura.

Para llevar energía a nuevas zonas, la EPE exige que el interesado pague la totalidad de la estación transformadora y la done a la empresa, por más que sólo utilice una mínima parte. Por caso, las 14 empresas que se radicarán en el recientemente aprobado parque industrial privado de Uriburu y Avellaneda sólo usarán el 10% de la energía que producirán por la obra que deben hacer. Y el que se radique de ahora en más no tendrá que acarrear ese costo. Esto genera inequidades -sólo las grandes firmas podían pagar eso y no así las pymes- y especulación a ver quién era el primero en instalarse.

Ahora se rompe con eso porque se crea un fondo que funcionará similar al sistema de cloacas, compuesto un 50% por lo que pagarán dueños del terreno (que multiplicaron el valor del mismo al pasar de tener suelo rural a suelo industrial), mientras el resto lo aportará la sobretasa a los terrenos baldíos sin uso, más los aportes de los convenios urbanísticos industriales. Este último punto también es clave, porque hasta ahora la Municipalidad le exigía a los industriales obras que poco tenían que ver con lo productivo. “Lo que buscamos es que lo aportado por el industrial genere valor para ese sector”, resaltó Chale. Al mismo tiempo, a ese fondo podrán sumarse aportes privados, públicos y hasta dinero proveniente del mercado de capitales. Además de las obras de la EPE, ese fondo financiará también las de pavimento, gas, desagües pluviales.

Pero además, el bloque avanzó con la figura del parque industrial público, una ordenanza marco que busca crear varios de estos emplazamientos con el mismo sistema: un fideicomiso al costo en el que el Estado adquiere un terreno, presupuesta las obras básicas, le suma el componente administrativo, y al costo total se lo trasladan a los industriales que se quieran instalar de acuerdo a los metros que necesitan. “El municipio se convierte así en agente inmobiliario pero con la diferencia de que no especula sino que vende al costo, abaratando el precio final para los interesados, pero también para el resto del mercado industrial”, explicó Rosúa. De esta forma, el costo final se prorratea entre una sociedad de empresas y no lo afronta sólo una.