La Provincia ajusta el chorro en Aguas Santafesinas

“Hay que sanear la empresa de saneamiento”. Este juego de palabras que repiten en el gobierno provincial grafica la situación complicada en la que está Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) y, también, la intención del gobernador Maximiliano Pullaro de ordenarla a fondo. La situación actual de la firma podría resultar en un dar y barajar de nuevo en el modelo societario, una vez finalizado el vínculo contractual dentro de dos años.

Para eso falta un suspiro en términos políticos si se tiene en cuenta que será a mitad del mandato del gobernador y que, previamente, se deberá realizar un diagnóstico profundo, además de debatir con la Legislatura el futuro de semejante empresa de servicios. Por eso es necesario repasar algunas cuestiones del pasado para comprender la evolución. En 2006 el Estado provincial pasó a tener mayoría societaria del 51%, pero luego de los constantes aportes y de hacerse de acciones clase B, que se ofrecieron a municipios pero no todos suscribieron, dicha participación llegó al 99,95% del capital accionario. El 0,05% quedó en manos de las municipalidades que conforman los quince  distritos abastecidos. Primer cambio de fondo: de tener apenas mayoría societaria a ser el dueño y amo. 

En aquel momento el estatuto social fijó como objetivo la prestación del servicio público de provisión de agua potable y cloaca en quince localidades por una duración de veinte años, cuyo contrato social finaliza en febrero de 2026. Pasaron 18 años y el nivel de eficiencia cayó por la escalera, sobre todo después de la pandemia, con el año 2022 como el peor de todos. Así lo refleja un informe del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) de noviembre de 2023, firmado por la contadora pública Melisa Duttweiler de la gerencia de análisis Económicos y Financiero del Enress, donde se marca la evolución deficitaria desde el inicio de la empresa cuando gobernaba Jorge Obeid hasta la salida de Omar Perotti. 

ASSA posee dos fuentes de financiamiento principales: la tarifa del servicio y los recursos que el Estado provincial aporta tanto para atender gastos corrientes como inversiones. Esta segunda fuente de financiamiento se ha ido incrementando hasta llegar en la actualidad a cubrir el 75/80% de la operatoria con aportes del Tesoro provincial. Este número es el que despierta los nervios en la gestión provincial y empuja hacia un reestructuración, con el paso previo de ‘ir cortando el chorro’. 

De 2007 a 2018 los aportes provinciales para inversiones superaron los necesarios para atender gastos corrientes, excepto 2009 y 2011. A partir del 2019, la ecuación se invierte, siendo los aportes para gastos superiores a los destinados a inversión. El 90% de los gastos se concentran en Energía, Mantenimiento y reparación, Insumos Químicos, Depreciación de Bienes de Uso, Incobrables y Sueldos y cargas sociales. Éste último tiene la mayor incidencia, con el 45% del total.  

Entonces ese es el objetivo de corto a mediano plazo que se planteó por estas semanas el gobierno provincial: que la empresa gane en eficiencia y se financie cada vez más por tarifa y menos por aportes del Tesoro. 

“Se va a tratar de equilibrar, pero hay una dinámica compleja porque hay aumentos tarifarios de costos que ya ocurrieron e incertidumbre acerca de una posible aceleración inflacionaria. Si no se acelera la inflación podría aumentar el aporte tarifario. Como muy optimista podría llegar a una relación de 70% aporte de Tesoro y 30% de tarifa; 66/33% como mucho”, explicó a Puntobiz una fuente provincial al tanto de los números de la empresa.

“Es evidente la urgencia de una readecuación tarifaria que permita a la Empresa revertir el actual esquema de ingresos”, dice el informe del Enress. Por lo pronto la tarifa de Aguas va a aumentar en los primeros bimestres del año un 128%, tal como lo había solicitado la empresa al ministerio de Infraestructura de Santa Fe a comienzo de diciembre de 2023.

Cambio en el modelo

El gobierno provincial entiende que, a largo plazo, las reformas deben ser más profundas y enfocarse en qué tipo de empresa debe convertirse ASSA. De esta forma, aseguran, el modelo está agotado. “Se termina el contrato en dos años y antes de que culmine hay que pensar qué hacer. Eso requerirá de la Legislatura y un trabajo del Ejecutivo”, explicó a este medio el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. 

Hoy es una sociedad anónima pública donde la Provincia, como se detalló, tiene casi la totalidad de la participación accionaria. Lo que viene en los próximos meses y en 2025 es un estudio pormenorizado para analizar qué modelo es el conveniente, es decir, si será privada a licitación, si será pública, mixta o qué figura jurídica se utilizará. 

Claramente son tiempos de una retórica de revisión de empresas públicas y, sobre todo, de su eficiencia y déficit, algo que se esparce desde el gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei. “Hay una necesidad de hacer un debate porque la empresa tiene muchas falencias. La decisión del gobernador Pullaro fue clara: ordenarla y hacerla eficiente”, sostuvo Enrico.

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