Corredores militan liberación de exportaciones de trigo con candidatos presidenciales

Aprovechando el escenario pre-electoral, los centros de Corredores de Granos de  Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe y Entre Ríos decidieron focalizarse en los perjuicios que genera el control de las exportaciones de trigo y salieron a “militar” un pedido de cambio entre los dirigentes políticos que asoman como candidatos presidenciales y sus equipos técnicos. También pidieron audiencias a los ministro de Economía, Axel Kiciloff, y Agricultura,  Carlos Casamiquela. 

Y para  justificar el reclamo -que lo vieron central por el impacto negativo que tiene pero que además estiman más fácil por un nuevo gobierno de remover que las retenciones- armaron un estudio que muestra cómo las distorsiones que existen en el mercado de trigo generan graves consecuencias económicas a los productores. 

Lo corredores dan cuenta  que en el mes de diciembre los productores dejaron de percibir en promedio $610 por tonelada, tomando como parámetro las diferencias entre la capacidad teórica de pago (FAS teórico) y el precio que efectivamente se paga por el trigo en el mercado. En otras palabras, por cada camión que se comercializa (30 toneladas), el productor deja de percibir $18.000.

La causa de estos descuentos, tiene su origen en la RG543 publicada en mayo de 2008 que convirtió a los “ROE Verde” en una suerte de “licencia previa de exportación”, no automática, que la ONCCA  podía o no otorgar. La implementación de este mecanismo (ROES), y el establecimiento de cupos, cuotas y restricciones  por parte del Gobierno, atentó contra el desarrollo de los mercados, afectando el proceso de descubrimiento de precios representativos.

Como consecuencia, los mercados perdieron eficiencia, viéndose imposibilitados de descubrir y defender un precio justo, ya que se desalentó la competencia de la demanda para hacerse de la mercadería. Esto derivó, en una distorsión de los precios, y en una transferencia de ingresos en el interior de la cadena. 

Antes de  la sanción de la RG543, existía un sistema de declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) que se anotaban en el Registro de Ventas al Exterior de Productos de Origen Agrícola, y eran un compromiso que asumía el exportador (de exportar al menos el 90% del volumen comprometido) obteniendo como contrapartida el beneficio de congelar el tratamiento tributario y aduanero de las operaciones a la fecha de cierre de cada venta. 

“El Estado monitoreaba la evolución de las declaraciones de exportación, y tenía la potestad de suspender el registro, de forma temporal, para  analizar las operaciones comerciales de ventas externas registradas, a efectos de determinar el saldo exportable, con la premisa de asegurar un correcto abastecimiento del mercado interno”, señalan.

El sistema anterior alentaba la competencia entre los representantes de la demanda (molinos y exportación) y permitía el normal funcionamiento de los mercados para descubrir un precio justo. Cabe destacar que con dicho sistema (previo a la RG543), y con los registros de exportación abiertos durante todo el año, “nunca faltó en nuestro país el trigo o el maíz, ni se puso en riesgo el abastecimiento del mercado interno”.

Los Centros de Corredores señalaron que la sola derogación de la RG.543 tendría un efecto positivo en las regiones productivas, ya que se incrementaría el área sembrada, se aumentaría la producción, y se produciría un efecto derrame sobre los eslabones de la cadena de valor.