Quién es el abogado designado como nuevo jefe de la UIF Rosario

El gobierno de Javier Milei designó al joven abogado Juan Francisco Lafontana para encabezar la oficina en Rosario de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el mismo fue defensor de un político de estrecha relación con el senador de San Lorenzo Armando Traferri e integra, además, el estudio de un socio local del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

Lafontana fue designado por Cúneo Libarona. El joven representa al exdiputado provincial (PJ) Darío Scattaglini, imputado por tráfico de influencias, sospechado en una causa penal de ser un eslabón de un grupo que desde el sistema político contribuyó a que una organización dedicada al juego clandestino pudiera obtener el manejo de máquinas online en salas habilitadas por la Lotería de Santa Fe. Para irse en libertad en 2021, la jueza Eleonora Verón le fijó a Scattaglini una fianza de 41 millones de pesos. La Corte Suprema de la provincia tiene en revisión actualmente esa imputación, que es cuestionada por su abogado.

La designación de Lafontana desató murmuraciones en franjas del sistema penal de Rosario, donde se marca que el director de una agencia contra el lavado y la corrupción será un hombre que pertenece a un holding de abogados que representan a políticos aludidos por presunta corrupción.

Lafontana es integrante del estudio del penalista Jorge Ilharrescondo, quien representó con Cúneo Libarona al empresario Sergio Taselli, en una causa en la que éste está imputado por grave contaminación ambiental causada por Petroquímica Capitán Bermúdez, empresa de su propiedad, un litigio multimillonario por la afectación de 21 hectáreas por derrame de efluentes altamente tóxicos. Cúneo Libarona litigó en Rosario y San Lorenzo en representación de Taselli hasta el año pasado, cuando juró como ministro.

La UIF es un organismo creado para fortalecer el sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A fines de febrero pasado, se creó una oficina especial fija en Rosario. El gobierno nacional colocó al frente a Lafontana, a quien no se le conocen antecedentes en la materia de la que ahora se hace cargo.

Lafontana representó a Darío Scattaglini en el trámite de gran resonancia pública que derivó del atentado al Casino de Rosario y condujo al descubrimiento de una red de juego clandestino. El exdiputado provincial Scattaglini es la razón por la que el senador por San Lorenzo Armando Traferri (PJ) fue vinculado a la causa de juego por dos fiscales que desde 2020 requieren su imputación, por ahora sin suerte a causa de los fueros que lo protegen. Scattaglini llamó por teléfono a la secretaria de Leonardo Peiti, condenado por actividades de juego ilegal, para concertar una reunión con Traferri.

Según se expuso en audiencias públicas, Traferri, Scattaglini y Peiti mantuvieron reuniones para que el primero realizara negociaciones a fin de que la Lotería de la Provincia de Santa Fe le otorgara a la empresa Wildar Gaming SRL, que tiene como titular a Peiti, la explotación de máquinas para apuestas online, llamada VLT (Virtual Lotery Terminal) en salas habilitadas por Lotería. Por información obtenida en las escuchas judiciales, la expectativa era lograr ingresos por 1.100 millones de pesos mensuales. De acuerdo a lo planteado ante jueces, la mitad de esos fondos irían a la política y a la policía.

En el caso de Petroquímica Capitán Bermúdez, el poderoso Sergio Taselli había sido despegado de su responsabilidad de la causa por una orden del exfiscal Regional de Rosario Patricio Serjal, directiva que fue anulada posteriormente por un juez y un tribunal de alzada, por ser jurídicamente insostenible, y porque al juez que convalidó la medida, según dos fallos, le habían retaceado información sobre lo ocurrido.

Precisamente el exfiscal Serjal, líder de un equipo de 80 fiscales hasta 2020, cuando debió renunciar acorralado la investigación de juego clandestino, presentará a través de sus abogados este martes un planteo introduciendo hechos nuevos, que a su criterio desmoronarán la acusación en su contra.

Las murmuraciones que sonaron fuerte con la designación de Lafontana para la UIF Rosario no ignoran que no se puede identificar a un abogado con los hechos atribuidos al cliente que representa. Pero al mismo tiempo no se puede esperar que no se abran los ojos cuando aparecen tramas complejas que enlazan política, empresarios, justicia y policía, como bien lo señaló en las últimas horas el papa Francisco.

El pasado viernes 21, el jefe de la UIF a nivel nacional, Ignacio Yacobucci, confirmó que Juan Lafontana estará a cargo de la unidad en Rosario. Yacobucci acompañó al ministro Cúneo Libarona a una presentación con todos los niveles de la Justicia Federal de Rosario a propósito de la próxima implementación del modelo acusatorio.

Cúneo fue amable ante la prensa que lo esperó con preguntas sobre los problemas estructurales de la Justicia Federal de Rosario, históricamente señalada por su falta de protagonismo a la hora de detectar a los actores ligados al comercio de drogas que son artífices de la violencia que desde 2013 duplicó los delitos de sangre en la ciudad. Había dicho antes de llegar que no deseaba difundir dónde estaría “a ver si me esperan a los tiros”.

En Rosario, Cúneo Libarona tuvo notorios desempeños. Fue abogado del expresidente de Newell’s Old Boys, Eduardo López, del condenado comercializador de efedrina Mario Roberto Segovia y recientemente de Ariel Luis Olio, titular de una cerealera denunciada por el Banco Central por no liquidar en tiempo 700 millones de dólares por operaciones agropecuarias. Olio fue absuelto en esa causa por disposición del juzgado federal 3, a cargo del juez Carlos Vera Barros, que le impuso pagar una multa de 4 millones de dólares y costas a la empresa Díaz y Forti, que conforma el Grupo Olio.