La Justicia española investiga si Jordi Pujol (h), hijo del histórico líder de la política catalana, lavó dinero en Argentina mientras tenía el 30% de las acciones de Terminal Puerto Rosario (TPR), participación de la que recién se desprendió el año pasado y por varios millones de pesos.
A través de Interpol, entidades empresarias de Rosario vinculadas a la actividad portuaria recibieron en los últimos días cartas de la Justicia española para que aporten información fehaciente sobre los negocios logísticos de Pujol en la ciudad durante los últimos diez años.
La requisa se enmarca en las investigaciones judiciales que comenzaron a partir de un informe de la Agencia Tributaria española remitido el 5 de marzo pasado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que detectó que Jordi Pujol movió 32.407.658 euros con destino a un grupo de países, entre ellos a Argentina, y a paraísos fiscales entre el 30 de marzo de 2004 y el 28 de noviembre de 2012.
Según un auto dictado el martes pasado, y que tuvo amplia repercusión en toda la prensa española, se revela que el hijo mayor de Pujol llevó a cabo 118 operaciones financieras en esos ocho años a través de un grupo de bancos, como el BBVA y Credit Suisse, y finalizaron en entidades de 13 países como Argentina, Uruguay Croacia y paraísos fiscales como las Islas Caimán.
Esos movimientos, de los cuáles hay sospechas de que muchos fueron para sacar dinero ilegalmente de España y blanquear tenencias financiaras, se habrían hecho por medio de las sociedades mercantiles Iniciatives Marketing i Inversions S.A., Inter Rosario Port Services, Project Marketing Cat S.L., Active Translation S.A. e Iberoamericana de Business and Marketing, de los que el investigado fue "socio, administrador o autorizado" en sus cuentas bancarias, dato quiere corroborar el titular del Juzgado Central de Instrucción.
Las investigaciones, solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, arrancaron luego de que el 17 de enero la ex novia de Pujol, María Victoria Álvarez, presentara una denuncia de ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que había acompañado al empresario a Andorra para llevar una mochilla llena de billetes de 500 euros. También relató que en 2008 realizó viajes a Argentina en 2008 para hacer inversiones en el Puerto del Rosario.
La conexión con el puerto
La relación entre Barcelona y el Puerto de Rosario comenzó a mediados de los 90 cuando los catalanes compitieron en la licitación de las terminales I y II que finalmente ganaron, polémica incluída, los filipinos de Ictsi y que terminó en un escándalo mayúsculo.
Cuando en 2002 se volvieron a licitar ambas terminales ya no había competencia porque el momento del país era delicado y único grupo de capitales locales y españoles.
En efecto, la “pata” rosarina estaba integrada por una asociación de inversores locales de institucionalidad gaseosa (entre los que estaba el accionista de La Capital, Orlando Vignatti) y cuya cara visible era Guillermo Salazar Boero con el 70% de las acciones.
En tanto, al 30% de las acciones clase A -el Enapro de aquel entonces conducido por María Herminia Grande- las presentaba como en manos del Puerto de Tarragona, ya que por pliego ese porcentaje debía estar en manos de un operador internacional de reconocida trayectoria.
Pero no era así. Se trataba de un conglomerado de empresas vinculadas al negocio logístico (algunas prestadoras de servicios) o con operaciones en los puertos (como la cementera Goliat) entorno al puerto de Tarragona, hermano menor del de Barcelona. Y, precisamente, arribaban bajo el paraguas político de aquella terminal pública pero que no tenían participación accionaria en TPR. La cara visible era el por entonces presidente del puerto de Tarragona, Badía I Chancho, pero el arquitecto del negocio era Jordi Pujol (H).
No sólo -como en muchos otros puntos- se incumplió el pliego porque atrás no había ningún operador internacional que garantizara el know how al puerto, sino que la conexión Rosario-Tarragona fue un fracaso.
A los españoles el negocio no les aportó mucho (ninguna carga llegó desde Rosario a esa terminal catalana y tampoco hicieron negocios ni desembarcaron en la región). Encima, tras una polémica asamblea de ampliación de capital (con denuncia de gente armada no dejando entrar a los representantes de los españoles) realizada por Salazar Boero en 2005, a los españoles les redujeron participación y por eso terminaron en la Justicia.
Fue ahí cuando Jordi Pujol (h), quien había fogoneado el negocio, comenzó a hacerse cargo de esa acciones y las fue concentrando entorno a Inter Rosario Port Services. También significó el blanqueo de la intervención del catalán en los negocios rosarinos, que hasta ese momento estaba en las sombras.
Varias veces y a distintos grupos intentó vender ese 30%, pero nunca le terminó de cerrar el negocio que le ofrecían. En ese interín también se le atribuye haber realizado inversiones inmobiliarias en departamentos refinados de la ciudad que quedaron a nombre de testaferros.
Finalmente, Pujol termina saliendo de TPR a fines del año pasado cuando Vicentín -que a través de Aotsa compró el 70% a Salazar Boero- y tras normalizar la situación financiera, institucional y operativa del puerto dio el paso que faltaba al conducir la salida de Inter Rosario Port Services para el ingreso del poderoso grupo logístico chileno Ultramar que compró el 30% y se hizo cargo de la operación de las terminales I y II, completando así por primera vez en la historia el cumplimiento total de los pliegos de concesión.
“Vicentín no estuvo al margen de este proceso de venta. Participó activamente y lo condujo. Ya que el grupo español tenía la decisión de vender y retirarse del negocio, buscamos un socio con el que tengamos afinidad empresaria, historia similar y comunidad de interés y proyecto para invertir y levantar al puerto de Rosario y ahí apareció que lo mejor era conducir el proceso para que llegue Ultramar”, le dijo a punto biz el director de Vicentín, Gustavo Nardelli, en noviembre del año pasado, cuando se cerró la operación.
Neptune es la empresa que el grupo Ultramar tiene como cabeza operativa de sus negocios portuarios. Y en cada puerto que se instala forma una sociedad anónima bajo su control para desarrollar el negocio. En este caso, armó la sociedad Inversiones Portuarias Andinas SA con base en Chile, y es la empresa que compró efectivamente las acciones clase A de InterRosario Port Services.
Todo ese paso de desde el arribo escondido de 2002 hasta el año pasado cuando se retiro es el que investiga la Justicia española por sospechas de lavado de dinero y fuga de divisas de manera ilegal, todo un escándalo que desde hace días ocupa buena parte del interés de la opinión pública catalana.
